• Acuerdo para evitar la doble tributación celebrado entre México y Guatemala

Alerta 1. 2018

El pasado 22 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia del Impuesto Sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el pasado 13 de marzo de 2015 (en adelante el Acuerdo). 

En términos generales, el Acuerdo será aplicable conforme a lo siguiente: 

a. Comprende el impuesto sobre la renta federal en el caso de México y, en el caso de Guatemala, el impuesto sobre la renta, así como el impuesto de solidaridad. 

b. Tal como se establece en otros convenios firmados por México, los dividendos podrán ser gravados en el Estado Contratante en el que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder de: 

-       5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos. 

-       15% del importe bruto de los dividendos en los demás casos. 

En este sentido, el Acuerdo aclara que la disposición sobre los dividendos no afectará la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos. 

c. El Acuerdo establece que los intereses podrán someterse también a imposición en el Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del: 

-        5% del importe bruto de los intereses si el beneficiario efectivo es una institución financiera o fondo de pensiones. 

-       15% del importe bruto de los intereses en los demás casos. 

d. En términos del presente Acuerdo, se entiende por regalías, las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de: 

-       Derechos de autor, sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, cintas de video, radionovelas, discos fonográficos, grabaciones musicales y auditivas. 

-       Marcas, expresiones o señales de publicidad, nombres comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, patentes, diseños industriales, dibujos o modelos de utilidad, planos, suministros de fórmulas o procedimientos secretos, privilegios o franquicias. 

-       Información relativa a conocimiento o experiencias industriales, comerciales o científicas. 

-       El uso o la concesión de uso, de cualquier equipo industrial, comercial o científico. 

En términos del presente Acuerdo, también se considerarán regalías las ganancias obtenidas por la enajenación de cualquiera de dichos derechos o bienes que estén condicionados a la productividad, uso o posterior disposición de los mismos. 

Asimismo, establece que si el beneficiario efectivo de las regalías es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10% del importe bruto de esas regalías. 

e. Se establece que las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante en la enajenación de la participación en una agrupación de personas, como las acciones de una sociedad, en las que más del 50% de su valor procede de forma directa o indirecta, de propiedad inmobiliaria situada en el otro Estado Contratante, pueden gravarse en este último. 

Asimismo, señala que las ganancias no descritas en el párrafo anterior derivadas de la enajenación, directa o indirecta, de una participación en una sociedad que sea residente de un Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese Estado Contratante si la persona que lo enajena tuvo una participación, directa o indirecta, en cualquier momento, de al menos un 25% en el capital de esa sociedad durante un periodo de 12 meses anterior a dicha enajenación. 

f. Las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes intercambiarán la información previsiblemente pertinente o relevante para aplicar lo dispuesto en el presente Acuerdo o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los Estados Contratantes relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados Contratantes, sus subdivisiones o entidades locales en la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al Acuerdo. 

Asimismo señala que la información recibida por un Estado Contratante en virtud del párrafo anterior, será mantenida secreta al igual que la información obtenida en virtud del derecho interno de ese Estado y sólo se revelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la determinación o recaudación de los impuestos, de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en relación a los mismos, o de la supervisión de las funciones anteriores. 

g. En el caso de México, las disposiciones del Acuerdo aplicarán en relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas a partir del 1° de enero de 2018 y, respecto a otros impuestos, en cualquier ejercicio fiscal que inicie a partir del 1° de enero de 2018. 

h. Finalmente, el Acuerdo quedará terminado por cualquier Estado Contratante a través de la vía diplomática, dando aviso de la terminación al menos con 6 meses de antelación al final de cualquier año calendario siguiente a la expiración de 5 años contados a partir de la fecha de su entrada en vigor. Por lo tanto, el acuerdo dejará de surtir efectos en relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las rentas pagadas o acreditadas, a partir del 1º de enero del año de calendario siguiente a aquél en que se realice la notificación de terminación y, respecto de otros impuestos, en cualquier ejercicio fiscal que inicie a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquél en que se realice la notificación de terminación. 

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