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El pasado 8 de septiembre se presentaron ante el H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, así como los Criterios Generales de Política Económica. Asimismo, se presentaron una serie de modificaciones para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Las modificaciones mencionadas, están orientadas a facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de combate a la elusión fiscal, como es el Plan de Acción contra la Erosión de la Gravable y el Traslado de Utilidades, conocido por sus siglas en inglés “BEPS” (Base Erosion and Profit Shifting).
En línea con lo anterior, dentro de las modificaciones a la ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), destaca la implementación de medidas que obligarían a los contribuyentes a proporcionar a la administración tributaria, la información prevista en el Capítulo V de las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia, misma que podría ser intercambiada con autoridades fiscales de otros países.
La información sería entregada a través de tres Declaraciones Informativas que en general, están enfocadas a obtener información de las partes relacionadas del grupo empresarial multinacional y de su estructura, así como de las operaciones con partes relacionadas locales y finalmente, sobre la manera en la que se distribuyen los ingresos y se pagan los impuestos de manera mundial dentro del grupo.
Por lo anterior, la iniciativa contempla también la adición de un nuevo artículo 76-A e incluso penalizaciones para aquellos contribuyentes que no den cumplimiento con esta obligación que, consecuentemente, darían origen a modificaciones al Código Fiscal de la Federación.
De prosperar esta iniciativa, es claro que la información que los contribuyentes estarán obligados a entregar a la Autoridad será exhaustiva, siendo importante dar seguimiento a su evolución.
Por otro lado, también será importante seguir de cerca la propuesta para modificar el artículo 28, fracción XXVII, sexto párrafo de la LISR, que excluiría del cálculo de la capitalización delgada las deudas contraídas con motivo de la inversión en infraestructura relacionada con la generación de energía eléctrica. Esta modificación deriva de la reforma constitucional en materia energética publicada en diciembre de 2013 que modificó estructuralmente a la industria eléctrica nacional. De prosperar esta modificación, el tratamiento fiscal del sector sería idéntico al que exstía previo a la reforma citada.